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La Nueva Directiva WEEE, un cambio fundamental

Con esta legislación, se pretende promover la regla de las tres r: reciclar, recuperar y reutilizar, en cuestiones de aparatos eléctricos y electrónicos.

18 de Septiembre de 2012

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Se ha producido una revolución mundial y global de los equipos eléctricos y electrónicos. La recogida sistemática y el tratamiento adecuado son condiciones previas para el reciclado de materias como el oro, la plata, el cobre y los metales raros utilizados en los televisores, ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Sin embargo, el desarrollo paralelo de estrategias seguras para actuar sobre el reciclaje o reutilización de los residuos que generan dichos aparatos cuando se quedan obsoletos o su ciclo de vida útil finiquita, en su momento, brilló por su ausencia. El resultado de ello fueron montañas de basura tóxica y vertederos incontrolados, que expulsaban gases y metales perjudiciales para la salud, degradando el medio ambiente a su vez.

Se hizo necesaria entonces la redacción de una legislación (WEEE) que se impusiera para el tratamiento de estos residuos, a nivel europeo y se traspasara al ámbito nacional. Así, en 2005, bajo la aplicación del principio “quien contamina, paga”, la Directiva WEEE se traspasa e impone a productores. Éstos habrían de asumir los costes de gestión de los residuos que generan al fabricar los aparatos eléctricos y electrónicos con los que trabajan. Ello, a su vez, supone una tasa de reciclaje adherida al precio final del producto eléctrico o electrónico que paga el consumidor cuando lo adquiere.

El 13 de agosto del presente, entraron en vigor las nuevas normas, anunciadas en enero del mismo año, sobre la recogida y el tratamiento de los RAEE. Esta Nueva Directiva WEEE establece los objetivos de recogida y tratamiento para 2016 y 2019 para los estados de la Unión Europea. Así pues, se modifican tres directivas que afectarán de forma directa a los Sistemas Integrados de Gestión de Residuos entre los que se encuentran los de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Objetivos de recogida y reciclado

Se establecen también nuevos objetivos de recogida. Durante un periodo transitorio inicial de años se establece un parámetro de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de 4 Kg/hab/año, o que en los 3 años previos se recojan unas cantidades mayores.

A partir del cuarto año (2016), se establece un objetivo de recogida del 45% de los aparatos electrónicos vendidos y, en una segunda fase, a partir del sexto año (2019), un objetivo del 65% de los aparatos vendidos o del 85% de los residuos electrónicos generados.

Hay diez Estados miembros que todavía deben mejorar sus instalaciones de recogida. Por ello, tendrán un objetivo intermedio del 40% y podrán aplazar a 2021 la meta general de 2019. Estos países son Bulgaria, República Checa, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Exportaciones

Los traslados ilegales de RAEE constituyen un problema grave, especialmente cuando se disimulan como aparatos usados para eludir las normas de la UE sobre el tratamiento de residuos. Los eurodiputados han conseguido introducir controles más estrictos para impedir el envío de cargamentos ilegales a terceros países donde el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos pone en peligro la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Los exportadores deberán demostrar en el futuro que los aparatos se envían para fines lícitos, como su reparación o reutilización.

Asimismo, la Directiva facilita a los Estados miembros los instrumentos necesarios para luchar con eficacia contra la exportación ilegal de residuos.

Menos cargas administrativas

Los fabricantes seguirán financiando la consecución de los objetivos de recogida. Por otra parte, se relajarán los requisitos de registro e información y habrá unas normas más claras para evitar el cobro, por partida doble, de los gastos de registro. Los requisitos de los registros de los Estados miembros para los productores de residuos eléctricos y electrónicos se armonizarán en mayor medida.

Los estados miembros dispondrán de un plazo de 18 meses para transponer esta normativa a sus legislaciones nacionales. Por otro lado, según el texto de la normativa, los estados miembros podrán imponer al productor, que informe sobre el coste de gestión de los RAEE de forma separada en la factura.

Esta nueva Directiva supone una revisión de la anterior con el aditivo de objetivos más estrictos de recogida y reciclaje de los RAEE, como los que generan los frigoríficos, ordenadores y televisores. Según el Parlamento Europeo, las nuevas normas permiten a los consumidores devolver aparatos pequeños, como teléfonos móviles, a las tiendas de electrónica sin tener que comprar un nuevo producto.

El objetivo final de la nueva Directiva, un ambicioso 85% de los RAEE que se generen pretende que en 2020 se recojan selectivamente en la UE unos 10 millones de toneladas, lo que equivale aproximadamente a 20 kg por habitante. Actualmente, solo una tercera parte de los residuos eléctricos y electrónicos de la UE se recoge por separado en el sistema documentado. El objetivo vigente de recogida es de 4 kg de RAEE por habitante, lo que representa unos 2 millones de toneladas por año, frente a las 10 millones de toneladas de RAEE, aproximadamente, que se generan cada año en la UE.

D. José Ortiz, Director de Calidad y Medio Ambiente de la Fundación ECORAEE opina favorablemente sobre la nueva Directiva: “La nueva directiva permite esclarecer quienes son los actores sobre la colocación de aparatos eléctricos y electrónicos, exigiendo a las administraciones un mayor control y a los gestores más eficiencia, con el fin último de conseguir recoger cuanto más residuo sea posible, de forma controlada. En sí misma supone un cambio fundamental que afectará a los conductos actuales de recogida de RAEE para hacer que cumplan con las normativas medio ambientales. Es importante la mención expresa que hace sobre la reutilización de los productos no obsoletos y, al tiempo, sobre la gestión de la información para que los ciudadanos se conciencien y tengan nociones sobre la peligrosidad de algunos equipos, en caso de que sean depositados en lugares donde no existe un control normativo de sus residuos, acabando en lugares donde únicamente es importante la valorización de sus componentes, haciendo caso omiso a los componentes contaminantes”

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